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Lleida se suma a la Declaración de Terrassa sobre pobreza energética, que exige la condonación de la deuda a las familias vulnerables

El teniente de alcalde Sergi Talamonte y la concejala Regina Cairol han participado hoy en el encuentro de medio centenar de ayuntamientos, donde se ha reiterado que no se permitirán amenazas de corte de suministro de ninguna compañía y que serán sancionadas si los llevan adelante en estos casos
El teniente de alcalde Sergi Talamonte y la concejala Regina Cairol han participado esta mañana en la Cumbre sobre la pobreza energética que se ha celebrado en el centro cívico Presidente Macià de Terrassa, con la participación de representantes de medio centenar de consistorios. En el encuentro se ha acordado una posición unitaria, de acuerdo con las entidades del tercer sector y otras instituciones, para hacer frente al requerimiento presentado por la empresa Endesa para cortar la luz a miles de familias vulnerables.

Los ayuntamientos catalanes, con pleno apoyo de la Paeria, han acordado exigir la condonación de la deuda a las familias consideradas vulnerables, según acreditan los informes de los Servicios Sociales. Esta deuda no se considera legítimo, de acuerdo con la ley 24/2015 y más teniendo en cuenta que Endesa no ha querido firmar los convenios con los ayuntamientos que prevé esta normativa. Los consistorios no reconocen tampoco tener ninguna deuda con la empresa, dado que no existe ningún convenio firmado.

Durante el encuentro, explicaron Talamonte y Cairol, también se ha querido dejar muy claro que no se tolerarán amenazas y se ha pedido la retirada de la carta enviada por Endesa. Se pide igualmente a las empresas suministradoras que dejen de acosar a estas familias y que apliquen el principio de prudencia en los cortes de suministro que invoca la ley 24/2015 por este derecho básico de las personas.
En caso de que Endesa o ninguna otra empresa suministradora haga caso omiso y decida llevar a cabo estos cortes de suministro a personas vulnerables, los Ayuntamientos impondrán sanciones y pondrán en marcha acciones judiciales contra las compañías, de acuerdo también con la Generalidad de Cataluña, las Diputaciones y entidades supramunicipales.

Los ayuntamientos catalanes instan también al Gobierno de la Generalidad para que, a través de las consejerías correspondientes y la colaboración con las entidades municipalistas, afrontar el liderazgo de la defensa de los derechos de los ciudadanos en materia energética y dote de recursos técnicos los municipios para llevar a cabo el despliegue de la ley.

Esta Declaración de Terrassa servirá como base para una moción que el gobierno municipal llevará al próximo pleno de la Paeria y que también se prevé debatir en la diputación de Lleida y los consejos comarcales. El documento final se seguirá trabajando en próximas reuniones con la Generalitat y otras administraciones implicadas, con la voluntad de mantener una postura firme, clara y unitaria de las instituciones catalanas en esta cuestión, aseguraron Talamonte y Cairol.

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