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Lleida que conduce las acciones de respuesta por parte de los ayuntamientos catalanes de la ciudad para hacer frente a la situación de emergencia en el ámbito de la vivienda y la energía de la pobreza

El Observatorio DESC presenta el estudio de las iniciativas adoptadas por los municipios participantes en la Ley 24/2015, con la participación de Plataformas Afectadas por la Hipoteca y la Alianza contra la pobreza energética El informe señala que Lleida está usando toda instrumentos que ofrece la legislación para movilizar a los titulares de grano viviendas vacías

El Ayuntamiento de Lleida lidera las acciones de respuesta para hacer frente a situaciones de emergencia en materia de vivienda y la pobreza energética, lo que llevó a los impulsores de la ley 24/2015, según el informe del Observatorio DESC (Derechos económicos, sociales y) en el último encuentro, al que también asistieron representantes de las plataformas afectadas por hipotecas y la alianza contra la pobreza energética.

El objetivo de este encuentro, el segundo de convocar los promotores de esta ley, que plantea las medidas urgentes para hacer frente a esta situación de exclusión social de muchas familias derivadas de la crisis económica, fue presentar el informe realizado sobre la base los datos proporcionados por 12 municipios que participan en este espacio de trabajo y la coordinación de las políticas públicas de vivienda.

De estos 12 municipios -Girona, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, ​​Badalona Sant Cugat del Vallès, Reus, Tarragona, Sabadell, Terrassa, L'Hospitalet, Mataro y Lérida, sólo ocho han completado los datos. De éstos, sólo tres casas han sido adquiridas por medio del derecho de tanteo y retracto. Además Lleida, los ayuntamientos de Barcelona y Sant Cugat, aunque el resultado del estudio indica que el 79% de desalojo se produjo en los municipios implicados se deben a la falta de pago de la renta.

Este hecho ha dado lugar a la necesidad de movilizar brecha de vivienda principal de los municipios, que no está cumpliendo con su finalidad social, por lo que es necesario el uso de una metodología común entre los municipios. En este sentido, una conclusión del informe es la posibilidad de compartir recursos humanos y financieros entre los municipios implicados.

El resultado de esta situación y corregirá cabe mencionar que sólo los ayuntamientos de Lleida y Terrassa han impuesto sanciones a los titulares de gran situación anómala de la propiedad, según lo establecido en la ley 18/2007, que incluye la infracciones de viviendas vacías.

Otro punto de interés en el informe del Observatorio DESC es ser capaz de poner un total de 4.399 cortes de energía de la electricidad y la energía, gracias a la aplicación de la Ley 24/2015.

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